Carta del director- Noviembre 2014

14/11/2014

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Editorial2Poniendo en mi pluma y asumiendo como mías palabras y reflexiones de compañeros de la Junta Directiva de la Asociación Española de Vacunología (AEV), creo que el eje fundamental del debate que ronronea artículos sobre sanidad, productos farmacéuticos y las vacunas en particular es reflexionar sobre si la salud es un derecho o no. Para mejorar la salud se necesita mejorar en justicia social. Lo que sabemos bien es que hay que exprimir unos recursos limitados, mejorando la gestión del sistema sanitario. Además, en sanidad se debería actuar siguiendo protocolos basados en la mejor evidencia disponible y con criterios de eficiencia.

Estamos en un momento sumamente delicado, cuando la presunción de inocencia no existe y menos ahora, enrevesada de escándalos financieros y políticos. El campo de la vacunología acaba de ser vapuleado de nuevo, con el peligro de crear una desafección de la ciudadanía por las vacunas en general y en especial contra algunas de ellas en particular que en nuestro país son  la de la gripe, la del virus del papiloma humano y, ahora, la de la varicela. Se mezcla el debate político con el científico y con los intereses económicos, salpicando de sospechas a la administración, las sociedades científicas y la industria farmacéutica sin apenas posibilidad de réplica. Curiosamente, la AEV es una de las entidades cuestionadas, y quizá sea bueno por aquello de «ladran, luego cabalgamos». Su página web, Vacunas.org, está reconocida como web de la Red de Seguridad Vacunal de la Organización Mundial de la Salud por sus criterios de calidad y transparencia, pues hace públicas sus fuentes de financiación, que en parte son empresas farmacéuticas con intereses contrapuestos entre sí, lo que favorece la independencia del comité editorial.

La AEV apuesta convencida por la transparencia, facilitando el acceso a la información científica y económica en sus medios oficiales de difusión, para lo que se crea un espacio apropiado de consulta. La Junta Directiva de la AEV debate desde hace tiempo y está en proceso de solicitud la denominación de «asociación de utilidad pública». Esto supone el reconocimiento de la labor social de la AEV, cuyos fines estatutarios promueven actividades de interés sanitario y científico. Además, ello supone la publicación del ejercicio económico, que es lo que preocupa a muchos que centran su interés en este aspecto, por cierto importante para la credibilidad.

Y en un avance para aquellos que cuestionan en el aire entidades o personas, el Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica 2014, al que se suman la mayoría de las empresas, establece que se harán públicas todas las colaboraciones económicas con cuantías, nombre y apellidos de las personas, con lo cual el espectro de colaboraciones con la industria va a cambiar radicalmente, pues quedará menos hueco para la “perversidad innata” que siempre se les atribuye, con pasados que han llevado a establecer marcos legales determinados para la investigación, como la Declaración de Helsinki y otros.

Una última reflexión breve sobre aspectos que contribuyen a salpicar a las vacunas se refiere a la propia disparidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) en cuanto a sus actuaciones en un marco teórico conjunto que es la Unión Europea, como la prohibición del uso de Rotarix®, que se utiliza de manera sistemática en el Reino Unido. Sin embargo, en España los pediatras han prescrito 400.000 dosis de vacuna de varicela, sin hacer nada ilegal, y los padres se las han puesto a sus hijos porque estaba autorizado por el MSSSI y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y porque hay consciencia del coste social que supone la enfermedad, que a veces es grave (Treviño, en la mente popular). Además, hay comunidades autónomas que la han tenido y la tienen incluida como sistemática a partir en la primera infancia. Y qué decir de la sordera de los dirigentes del MSSSI ante los informes de sus expertos, desoyéndolos, independientemente del momento de crisis económica que vivimos.

En definitiva, es fundamental realizar ejercicios de transparencia que clarifiquen las actuaciones dirigidas a la salud, y más si esta es pública. La sociedades científicas tenemos que sumarnos a este carro sin dudarlo si lo que queremos es ejercer nuestra labor guiándonos por la medicina basada en la mejor evidencia posible; la industria farmacéutica tendrá que remediar la imagen que la precede y conjugar el beneficio económico que busca como empresa con el bien social, y reconocer que no pueden realizarse declaraciones tan sangrantes como la que escuchamos de Bayer en India; y nuestras autoridades sanitarias tendrían que plantearse cómo recuperar el liderazgo firme en sus decisiones de cara a los profesionales y a la población, que es a quien se debe. Considerando estos aspectos destinados a una justicia social que mejore la salud de las personas, la prensa no encontrará nicho para vapulear sino de alabar, aunque esto no sea noticia.

 

 

Un afectuoso y reflexivo saludo,

Dra. María José Álvarez Pasquín (Directora Vacunas.org) y la Junta Directiva de la Asociación Española de Vacunología.

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